La biodiversidad y los ecosistemas saludables son esenciales para el bienestar humano, ya que proporcionan los recursos naturales necesarios para la producción de alimentos, medicamentos y combustibles; también son necesarios para la provisión de agua y para el refugio; por eso, las soluciones basadas en ellos ayudan a reducir los desastres naturales intensificados por el cambio climático. De aquí la importancia de protegerlos y gestionarlos de forma adecuada. Para eso, en 2010, se establecieron en Japón las Metas de Aichi y la inversión de presupuesto público es uno de los principales medios para lograrlas.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) sugiere que, para haber logrado esas metas en 2020, todos los países debieron haber destinado de su presupuesto público, al menos, lo equivalente al 0,5 % del PIB anual a la biodiversidad. Sin embargo, el gasto promedio mundial fue de USD 140 mil millones por año, lo que representa cerca del 0,14 % del Producto Interno Bruto mundial [1] y el promedio en la región de América Latina y el Caribe ha sido de 0,33 % de su PIB [2].

En el caso de Colombia, según estudios de la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (Biofin) del PNUD, durante los últimos 10 años, se han invertido de manera anual cerca de 2 billones de pesos o unos 546 millones de dólares del presupuesto público en biodiversidad.

Dicha inversión corresponde a la hecha por entidades del gobierno nacional central, entidades territoriales y corporaciones autónomas regionales, y si bien es superior a la del promedio mundial, lo que representa cerca del 30 % del gasto público ambiental que, en 2019, fue de $ 6,8 billones de pesos [3], estaría por debajo del promedio de la región y de lo sugerido por la CDB.

También es importante notar que el presupuesto dedicado a la biodiversidad proviene en parte del asignado por el gobierno nacional central al sector de ambiente y desarrollo sostenible que recibe un promedio de 0,4 % anual de la inversión total de la nación [4].

Esta inversión es inferior a la de otros sectores que están directamente relacionados con las contribuciones de la naturaleza. Por ejemplo, en 2021, el sector de agricultura y desarrollo rural obtuvo un 0,74 % y el sector minero energético un 2,44 %, es decir, una diferencia aproximada de inversión de 0,34 % y 2,34 %, respectivamente.

¿Quiénes son los responsables de la ejecución del gasto público en biodiversidad en Colombia?

Retomando la gráfica 1, se evidencia que, en el país, el gasto público es gestionado, principalmente, por las entidades del gobierno central y por los gobiernos territoriales, con una participación menor, pero importante de las corporaciones autónomas regionales.

Desde el gobierno nacional central, el gasto público en biodiversidad ha mantenido sus niveles a través de la inversión en instrumentos de gestión cada vez más especializados como los planes de acción en biodiversidad, el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, el manual de compensaciones, el impulso a reformas tributarias que incluyen impuestos verdes y el mantenimiento continuo del interés de la cooperación internacional.

A nivel de los entes territoriales, uno de los principales componentes que ha generado la evolución del gasto en biodiversidad ha obedecido a la asignación con destinación específica de un porcentaje de los ingresos corrientes o permanentes dentro del ciclo económico de esos entes.

En cuanto a la ejecución (gráfica 3), las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, institutos de investigación ambiental y corporaciones autónomas regionales ejecutan el 40 % del gasto en biodiversidad, mientras que otras entidades del orden nacional y entidades territoriales descentralizadas (No SINA) ejecutan el otro 60 %.

También es de resaltar que, el gasto de las entidades No SINA responde a una agenda intersectorial en biodiversidad cada vez más amplia como el sector de agricultura y desarrollo rural que, hoy, hace un gran aporte desde el presupuesto general de la nación y es relevante en la estrategia financiera de la biodiversidad por la reducción de los costos asociados a los incentivos y subsidios que generan impactos negativos.

Con respecto a las corporaciones autónomas regionales, la evolución en el gasto ha estado asociada a los instrumentos económicos y financieros administrados por estas entidades, creados por la Ley 99 de 1993 que ha priorizado la conservación, el manejo y la mitigación de la biodiversidad y el agua.

Visto por fuentes de financiación, el gobierno central es el principal aportante con 42 % del gasto público. Le siguen entes territoriales descentralizados en Colombia, departamentos y municipios con un 36 % que, según análisis preliminares sobre fuentes de financiación actuales y futuras, sería la participación con mayor potencial de crecimiento (por ingresos corrientes y Sistema General de Regalías).

Finalmente, el 22 % que corresponde a la financiación de las corporaciones autónomas regionales, proviene de las tasas de uso, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico y la sobretasa o el porcentaje ambiental sobre el impuesto predial. Aquí también vale la pena rescatar que el temprano desarrollo de instrumentos económicos en la década de los 90, administrados por las corporaciones autónomas regionales, ha venido consolidando fuentes de financiación permanentes y crecientes para la gestión de la biodiversidad. Se prevé una mayor eficiencia e innovación en fuentes como las tasas de uso, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico y la sobretasa o el porcentaje ambiental sobre el impuesto predial.

¿En qué se han invertido los recursos públicos de biodiversidad de Colombia en los últimos 10 años?

Más de la mitad de la financiación del sector público para la gestión de la biodiversidad se ha invertido en proyectos relacionados con la protección de los ecosistemas, seguida por la inversión en restauración de los ecosistemas degradados, la investigación, la incorporación de la biodiversidad en diferentes sectores y el uso sostenible de los recursos naturales.

Conclusión

El hecho de que Colombia sea el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado y tenga cerca del 14 % de la biodiversidad del mundo implica un reto muy importante en términos de la movilización de recursos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como para hacer de estos un motor de sostenibilidad del desarrollo.

Igualmente, se requieren estrategias que mantengan e incrementen las fuentes de financiación y promuevan la mayor efectividad y sostenibilidad del gasto en biodiversidad.

__________

[1] Paulson Institute, The Nature Conservancy and Cornell Atkinson Center for Sustainability, 2020.

[2] Datos de equipo Biofin: Seidl, Andrew & Mulungu, Kelvin & Arlaud, Marco & van den Heuvel, Onno & Riva, Massimiliano, 2020. "Finance for nature: A global estimate of public biodiversity investments," Ecosystem Services, Elsevier, vol. 46(C).

[3] Según DANE, Cuenta Satélite ambiental. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-ambiental-csa

[4] En la gráfica se evidencia un alza excepcional entre 2007 y 2011 que corresponde al periodo en el que los ministerios de Ambiente y Vivienda de Colombia estuvieron fusionados.